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Abogado de Penta: Lavín y Délano no tienen nada que ocultar y no se dejarán amedrentar por amenazas

Abogado Julián López dijo que la última amenaza se recibió el 13 de septiembre, a través de una nota. Esto gatilló la denuncia.

Por: Jimena Catrón Silo | Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
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La tensión en torno a quienes han sido vinculados a lo que, en un principio, estaba acotado a la denuncia por fraude tributario en contra de uno de los directivos más importantes del grupo Penta no ha hecho más que escalar. Y es así como Hugo Bravo, quien fuera miembro del directorio de, entre otros, Banmédica, el banco y de la aseguradora del holding encabezado por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, pasó de ser reconocido como uno de los integrantes del círculo cercano de ambos empresarios a ser denunciado ante la Fiscalía Oriente por amenazas, lo que derivará, en los próximos días, en una querella criminal en su contra.

Según explicó el abogado Julián López, representante tanto del grupo como de sus dos principales accionistas, la última amenaza que se recibió fue la del 13 de septiembre, a través de una nota, la que luego gatilló la presentación de la denuncia.

-¿De qué índole son las amenazas?

-Todas las amenazas que ha formulado Hugo Bravo están vinculadas a incriminar a los controladores de Penta, en los delitos por los cuales él está siendo investigado, haciendo a su vez una exigencia de orden económico. Los delitos por los que se le investiga son fraude tributario y cohecho, por el cual recibió devoluciones irregulares en sus sociedades personales, que no tienen ninguna vinculación con Penta. Entonces sus amenazas pasan por relacionar a mis representados en esta investigación.

-Aparte de dinero, ¿qué más podría perseguir Bravo con esto?

-Lo que él persigue… no lo sabemos. Resulta totalmente sorprendente y algo que dejó perplejos a los controladores de las compañías en las que trabajó por más de 30 años, fue el abuso de confianza que en él se había depositado, y pretende ensuciar a la empresa con lo que nos parece es encubrir las faltas que él cometió. La verdad es que no le encontramos otro sentido.

-¿Hubo algún tipo de contacto con Bravo en los cuatro días entre los que se reciben las amenazas y se presenta la denuncia?

-No. Él fue despedido de la empresa cuando se revelaron las irregularidades de sus empresas con el SII. Al momento de su despedida lo que hubo de parte de él fue un mea culpa, y un intento de disculpa. Por eso es que cuando se le despide se asocia un comunicado en el que se hace una natural consideración hacia una persona con la que se trabajó por más de 30 años. Después resulta completamente inexplicable, pero se da justamente en los momentos en que está siendo investigado y prestando declaración ante el fiscal.

-¿En estas amenazas, él asegura tener alguna prueba para incriminarlos?

-La querella pretende hacerle ver a él que los controladores de Penta no tienen nada que ocultar y que no se van a dejar intimidar con sus amenazas.

-¿Cuáles son las penas que arriesga?

-Son penas graduadas, pero por este tipo de amenazas por lo general se habla de hasta unos 3 años, y agravados por haberlo hecho por escrito y a través de intermediarios


-¿Hay más ejecutivos que hayan recibido amenazas de Hugo Bravo?

-No. Sólo Carlos Eurgenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y las amenazas llegan a través de Carlos Bombal, quien es usado como intermediario telefónicamente y a través de la nota. No hay más ejecutivos amenazados, pero sí hay personal de la compañía que reciben mensajes telefónicos.

UDI en alerta por investigación
Aunque oficialmente ninguno de los parlamentarios gremialistas se refirió a la investigación que está haciendo el Ministerio Público por la arista que analiza eventuales platas irregulares de parte de Penta para campañas políticas de figuras de la UDI, en el partido se limitaron a decir que están estudiando los antecedentes.
No obstante, cercanos a la cúpula del gremialismo reconocen que esta investigación podría ser la "punta del iceberg" pues la indagación involucra una práctica "que sería común" para el financiamiento de las campañas políticas y que se mantuvo incluso después de promulgada la Ley de financiamiento electoral.
Según trascendió, por el tipo de delito que se investiga, la Fiscalía Oriente para continuar con las pesquisas necesita que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presente una denuncia oficial por las posibles irregularidades detectadas.

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